Italia propone eliminar las comisiones para pagos inferiores a €10 con el euro digital

Italia propuso eliminar las comisiones que pagan los comercios cuando reciben operaciones inferiores a €10 mediante el futuro euro digital, con el objetivo de evitar que la nueva moneda europea incremente los costos de las pequeñas empresas.

Una de las opciones sometidas a negociación establece un cargo máximo de €0,02 por transacción. Sin embargo, las instituciones europeas también analizan reducirlo a cero, debido a que el costo administrativo de cobrar una cantidad tan limitada podría superar los ingresos generados.

La propuesta todavía se encuentra en discusión y no fue incorporada a una norma definitiva. Los representantes de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea volverán a examinarla durante una nueva ronda de negociaciones prevista en Bruselas para el 10 de septiembre.

La iniciativa se concentra en uno de los aspectos más discutidos del futuro euro digital: el modelo de compensación que determinará quién financiará el procesamiento de los pagos y cómo los bancos y demás proveedores recuperarán sus costos operativos.

Los servicios básicos serán gratuitos para los consumidores. Los comercios, en cambio, podrían pagar cargos a los bancos o las empresas de medios de pago encargadas de procesar las operaciones, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa europea.

Italia plantea un tratamiento específico para las compras inferiores a €10, una franja que comprende buena parte de las operaciones cotidianas realizadas en cafeterías, panaderías, tiendas de proximidad, quioscos y otros pequeños establecimientos.

Un límite que podría reducirse a cero

La alternativa actualmente considerada establece una comisión máxima de €0,02 para los pagos de bajo valor, especialmente aquellos recibidos por pequeños comerciantes.

Los negociadores también evalúan aplicar una exención completa. Una estructura sin comisiones simplificaría el sistema y reduciría el riesgo de que los negocios rechacen o desalienten el uso del euro digital para compras pequeñas.

La medida afectaría exclusivamente al cargo por servicio aplicado al comercio. No modificaría el precio del producto ni los impuestos correspondientes. El consumidor seguiría abonando el importe completo, pero el establecimiento no perdería una parte de la venta en concepto de procesamiento.

Según documentos examinados por Euronews, el esquema tendría inicialmente carácter temporal. El período permitiría al Banco Central Europeo recopilar información sobre volúmenes, costos operativos y comportamiento de los comercios antes de proponer un modelo definitivo.

La posición negociadora del Consejo de la Unión Europea contempla una etapa inicial de al menos cinco años durante la cual las comisiones quedarían limitadas en función de otros medios de pago comparables. Después de esa transición, los topes se calcularían considerando los costos reales del servicio.

La propuesta italiana incorporaría dentro de ese marco una protección adicional para las operaciones de menor valor.

Los pequeños comercios pagan más

La iniciativa responde a la preocupación de que las empresas más pequeñas soporten una parte desproporcionada del costo de implementar el euro digital.

A diferencia de las grandes cadenas, estos negocios procesan un menor volumen de operaciones y cuentan con menos capacidad de negociación frente a bancos, adquirentes y redes de tarjetas.

Los análisis del BCE citados durante las negociaciones indican que los pequeños establecimientos pueden pagar comisiones entre tres y cuatro veces superiores a las afrontadas por las grandes empresas.

La diferencia tiene un mayor impacto en las compras de bajo valor, porque los cargos fijos representan un porcentaje más alto del total. Una comisión de €0,10 posee un efecto limitado sobre una compra importante, pero equivale al 2% de una venta de €5 antes de considerar mercadería, salarios, alquileres e impuestos.

Los legisladores europeos quieren evitar que esa desigualdad se reproduzca dentro de un sistema que los comercios deberán aceptar de manera general debido a que el euro digital tendrá condición de moneda de curso legal.

La obligación estará sujeta a excepciones, entre ellas disposiciones destinadas a evitar exigencias desproporcionadas para determinados pequeños establecimientos.

Quién financiará el sistema

Eliminar las comisiones a los comercios no suprime el costo de prestar el servicio, sino que modifica su distribución.

Los bancos y demás proveedores regulados deberán abrir las cuentas en euros digitales, verificar la identidad de los clientes, ofrecer las interfaces de pago y atender a los usuarios. Por ese motivo, reclaman un sistema de compensación que cubra la infraestructura y los gastos operativos.

El BCE estima que la banca europea podría invertir entre €4.000 millones y €6.000 millones durante cuatro años para implementar el euro digital. La construcción del sistema central supondría para el Eurosistema aproximadamente €1.300 millones, con costos operativos posteriores cercanos a €300 millones anuales.

El marco propuesto permitiría que los bancos cobren a los comercios dentro de límites regulados. El Eurosistema financiaría la infraestructura central y no aplicaría comisiones de esquema o procesamiento a los proveedores de servicios de pago.

Una exención completa para las operaciones inferiores a €10 obligaría a absorber esos costos en otra parte del sistema. Los bancos podrían recuperar una proporción mediante cargos sobre pagos comerciales mayores, servicios adicionales o las eficiencias generadas por una infraestructura europea compartida.

El modelo definitivo deberá equilibrar dos objetivos: ofrecer un medio de pago suficientemente económico para los comercios y garantizar que las entidades financieras tengan incentivos para distribuirlo y mantenerlo.

Una alternativa europea a las redes extranjeras

El proyecto también responde a una cuestión de autonomía económica.

Numerosos países de la zona euro no poseen un sistema nacional de tarjetas capaz de procesar operaciones tanto dentro de sus fronteras como en el resto del bloque. Por esa razón, consumidores y empresas dependen en gran medida de redes internacionales, especialmente de las estadounidenses Visa y Mastercard.

El euro digital proporcionaría un medio de pago emitido por el BCE, procesado mediante infraestructura europea y aceptado en toda la zona euro.

Sería una forma digital de dinero del banco central, no una criptomoneda ni un depósito bancario comercial. Un euro digital conservaría siempre el mismo valor que un euro físico.

Los usuarios podrían realizar pagos inmediatos en establecimientos, tiendas online o directamente a otras personas. El diseño contempla además una función sin conexión que permitiría completar determinadas operaciones sin acceso activo a internet.

El BCE sostiene que la moneda digital complementará a los billetes y monedas en lugar de sustituirlos. El efectivo continuará disponible como medio de curso legal y cada ciudadano podrá decidir si utiliza la alternativa digital.

Uso básico gratuito para los consumidores

La diferencia entre los cargos aplicados a consumidores y comerciantes constituye un punto central del proyecto.

Las personas no pagarían por los servicios básicos, como mantener euros digitales, realizar compras o recibir transferencias. Los bancos y las compañías de pagos podrían ofrecer productos adicionales y voluntarios sujetos a tarifas.

El acceso se realizará mediante el banco del usuario, otro proveedor autorizado o una aplicación común del euro digital. La moneda funcionará sobre una infraestructura centralizada del Eurosistema y no utilizará el modelo de cadena de bloques pública de criptoactivos como Bitcoin.

El proyecto también prevé imponer un límite al saldo que cada persona podrá mantener. Todavía no existe una cifra definitiva, aunque el BCE analizó escenarios de hasta €3.000 por usuario para medir los posibles efectos sobre los depósitos bancarios y la estabilidad financiera.

La emisión todavía no está decidida

El euro digital aún no existe y su lanzamiento no es automático.

La Comisión Europea presentó la propuesta legislativa inicial en 2023. Los gobiernos de la UE acordaron la posición negociadora del Consejo en diciembre de 2025 y el Parlamento Europeo avanzó posteriormente con su propio planteamiento.

Las dos instituciones deben negociar y aprobar una regulación definitiva. Solamente después de ese proceso el BCE decidirá si emite la moneda.

El banco central pretende estar técnicamente preparado para un posible lanzamiento en 2029, siempre que la legislación sea aprobada antes de que termine 2026. Durante el segundo semestre de 2027 comenzará una prueba de 12 meses con la participación de 36 bancos y proveedores de pagos no bancarios.

La propuesta italiana sobre operaciones pequeñas formará parte de las negociaciones finales.

Su importancia excede el umbral de €10. El debate determinará si el euro digital llega al mercado como una alternativa pública de bajo costo o si reproduce la estructura de comisiones que actualmente coloca a los comercios pequeños en desventaja.

La gratuidad podría favorecer su adopción entre empresas y consumidores. Su viabilidad dependerá, sin embargo, de que los legisladores consigan proteger a los comercios y, al mismo tiempo, crear un modelo sostenible para las instituciones encargadas de operar el sistema.