Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay aceleran su adaptación al EUDR para proteger sus exportaciones a Europa
Los exportadores agrícolas del Cono Sur avanzan con sistemas de trazabilidad, monitoreo satelital y certificación digital ante las nuevas exigencias europeas contra la deforestación.
Una nueva condición está transformando rápidamente el comercio agrícola entre Europa y América del Sur: conocer exactamente de dónde proviene un producto comienza a ser tan importante como su precio.
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay están desarrollando nuevas infraestructuras de trazabilidad para preservar su acceso al mercado de la Unión Europea ante la implementación del Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR).
La normativa comprende materias primas como soja, ganado bovino, café, cacao, aceite de palma, caucho y madera, además de determinados productos derivados. Para las cuatro economías del Cono Sur, la exposición se concentra fundamentalmente en soja, carne vacuna y productos forestales.
El cambio va mucho más allá de obtener otro certificado ambiental.
Las cadenas exportadoras necesitan conectar cada vez más los establecimientos y parcelas productivas con información de geolocalización, imágenes satelitales, documentación legal, registros de transporte y el producto físico que finalmente llega a Europa.
En la práctica, las materias primas agrícolas están adquiriendo una especie de pasaporte digital desde el campo hasta el puerto.
La trazabilidad se convierte en una condición de acceso a Europa
Para Argentina, Paraguay y Uruguay, la principal exposición se encuentra en las cadenas de soja y ganado. En Chile, donde la soja tiene mucha menor importancia, el impacto se concentra especialmente en el sector forestal.
El cambio resulta igualmente importante para Europa.
Países Bajos recibe alrededor del 15% de los envíos de soja procedentes de Mercosur que ingresan a la UE, sólo por detrás de España. En harina de soja, su participación alcanza aproximadamente el 16%.
Por eso, la adaptación latinoamericana al EUDR no constituye únicamente un problema para los exportadores.
También afecta directamente a fabricantes de alimentos para animales, importadores, procesadores y otras compañías europeas dependientes de materias primas sudamericanas.
Argentina toma la delantera con VISEC
Argentina aparece como uno de los países más avanzados del grupo.
El eje de su estrategia es VISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco), una plataforma creada en 2019 por el sector exportador de granos y procesamiento de oleaginosas que actualmente permite desarrollar trazabilidad y verificación para las cadenas de soja y carne.
Los establecimientos registran sus parcelas, las imágenes satelitales permiten comprobar el uso histórico de la tierra y los documentos electrónicos acompañan el transporte desde el origen hacia los puertos.
Un auditor independiente puede además emitir certificados de cumplimiento para los embarques.
La Bolsa de Comercio de Rosario administra la plataforma. El sistema no tiene coste para el productor, mientras que los exportadores absorben los gastos operativos.
Su desarrollo refleja también un cambio político y empresarial.
Argentina mantiene críticas hacia el EUDR, pero progresivamente pasó de una estrategia centrada en cuestionar la regulación a otra más pragmática: discutir las exigencias europeas y, al mismo tiempo, prepararse para cumplirlas.
Argentina y Paraguay quedan en riesgo estándar
La UE no considera iguales las condiciones de los cuatro países.
Argentina y Paraguay fueron clasificados como jurisdicciones de riesgo estándar, mientras Uruguay y Chile quedaron dentro de la categoría de bajo riesgo.
Entre los elementos que pesan sobre Argentina y Paraguay se encuentra la persistencia de la pérdida de bosques en el Gran Chaco.
Ambos gobiernos cuestionaron su clasificación, pero el resultado tiene consecuencias prácticas para las cadenas exportadoras que buscan ingresar al mercado europeo.
Para los compradores de la UE, una mayor complejidad en los controles también puede traducirse en costes superiores.
Segregar la soja podría costarle a Argentina unos €860 millones anuales
El principal problema puede terminar siendo económico.
La soja se comercializa históricamente como una materia prima a granel. Producción procedente de numerosos establecimientos se combina en silos, plantas procesadoras y terminales portuarias.
El EUDR altera parcialmente esa lógica.
Preservar la identidad de los productos compatibles con la regulación puede requerir una mayor segregación física a lo largo de toda la cadena.
El análisis publicado por la red agrícola internacional del Gobierno neerlandés estima que separar físicamente soja compatible y no compatible con EUDR podría representar para el sector argentino un coste equivalente a aproximadamente €860 millones anuales, convirtiendo a euros la estimación original de $1.000 millones según los niveles cambiarios actuales.
Y ese gasto no necesariamente quedará en Argentina.
Una parte puede trasladarse hacia los compradores europeos y elevar el coste de las materias primas utilizadas por fabricantes de alimentos balanceados y otras industrias.
La trazabilidad ambiental comienza así a transformarse en un componente cuantificable del coste del comercio internacional.
Argentina ya prepara una etapa posterior al EUDR
VISEC trabaja además en una modalidad denominada VISEC Plus, concebida para superar los requisitos básicos europeos.
La propuesta incorporaría criterios vinculados con la conversión de otros ecosistemas, una fecha de corte de deforestación anterior y parámetros sociales adicionales.
Santa Fe, una de las provincias argentinas más relevantes para las cadenas de soja y carne, desarrolla paralelamente su propio sistema de trazabilidad ganadera con criterios adicionales de sostenibilidad.
Esto podría transformar una inversión inicialmente defensiva en una ventaja comercial.
La infraestructura creada para satisfacer a Europa podría utilizarse posteriormente para demostrar otros atributos ambientales y sociales demandados por compradores internacionales.
Paraguay afronta la transición más difícil
Paraguay presenta un escenario diferente.
Aunque posee desde los años noventa legislación contra la deforestación en su región oriental, la pérdida de bosques y el cambio de uso de suelo en el Chaco continúan afectando su perfil.
El país desarrolla dos grandes plataformas.
RETSA, bajo liderazgo del Ministerio de Industria y Comercio, busca combinar información sobre deforestación con múltiples documentos relacionados con la legalidad de la producción. Su alcance comprende soja, ganado y madera.
El sector privado desarrolla paralelamente SISE, que utiliza monitoreo satelital y mecanismos de trazabilidad mediante códigos QR.
SISE ya reúne a más de 1.600 productores y cerca de 8.000 unidades productivas.
La dificultad es que ninguna plataforma resuelve por sí sola todos los desafíos.
Una eventual interoperabilidad entre ambos sistemas podría resultar necesaria para ofrecer una arquitectura suficientemente sólida a los compradores europeos.
La conexión entre Paraguay y Argentina obliga a pensar regionalmente
Una particularidad fundamental del comercio agrícola del Cono Sur es que las cadenas logísticas no terminan en las fronteras nacionales.
Gran parte de la soja paraguaya atraviesa plantas procesadoras y puertos argentinos.
Por eso, RETSA utiliza para soja tecnología vinculada con el modelo argentino VISEC.
La integración podría terminar formando una arquitectura transfronteriza de cumplimiento del EUDR a lo largo del corredor exportador del Paraná.
También explica por qué para Paraguay resulta más difícil de lo que parece simplemente abandonar Europa y vender toda su producción a otros destinos.
Su cadena exportadora está profundamente conectada con infraestructura argentina que progresivamente se adapta a los requisitos europeos.
Paraguay también enfrenta mayores costes
La segregación física de la soja podría añadir alrededor de €14 por tonelada en Paraguay, convirtiendo la estimación original de $16 según los niveles cambiarios actuales.
El problema es que los compradores europeos no necesariamente están ofreciendo una prima capaz de compensar ese gasto adicional.
Esto genera una tensión evidente entre los objetivos ambientales y la economía de los commodities.
Algunos exportadores paraguayos sostienen que podrían redireccionar productos hacia otros mercados.
Pero hacerlo a gran escala no resulta sencillo debido a la integración logística con Argentina.
Uruguay llega mucho mejor preparado
Uruguay demuestra cómo las inversiones realizadas durante años en trazabilidad pueden convertirse en una ventaja competitiva inesperada.
Su plataforma nacional libre de deforestación comenzó a funcionar en 2024 y utiliza registros oficiales, información catastral histórica y planes de uso del suelo verificados mediante satélites.
El sistema permite emitir certificados de cumplimiento a nivel de establecimiento.
En carne, la posición uruguaya es todavía más sólida.
Desde 2006, el país mantiene trazabilidad individual obligatoria del ganado, con identificación de los animales y registro de sus movimientos mediante la base nacional SNIG.
La infraestructura ya proporciona información de geolocalización y movimientos muy próxima a las necesidades del EUDR.
Uruguay aparece así como uno de los exportadores mundiales de carne estructuralmente mejor preparados para adaptarse con modificaciones relativamente limitadas.
El desafío uruguayo está en los puertos
La soja plantea, sin embargo, otro problema.
Prácticamente todas las exportaciones uruguayas se concentran en apenas dos puertos.
Mantener flujos separados para productos compatibles con EUDR puede requerir una adopción generalizada entre exportadores o tratar la soja certificada como una carga especial.
Ambas opciones incrementan la complejidad y potencialmente los costes.
El caso demuestra que la trazabilidad digital no es suficiente.
La logística física también debe preservar la integridad de la información asociada al producto.
Chile juega otra partida
Chile presenta el escenario más diferente.
La UE lo considera un país de bajo riesgo y su exposición a la soja es reducida. El principal desafío se encuentra en los productos forestales y, en menor medida, en cadenas vinculadas con el ganado.
Durante 2025, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), mediante un proyecto financiado por AL-INVEST Verde, evaluó el grado de preparación del país.
El estudio detectó brechas en trazabilidad, geolocalización y coordinación institucional.
Una segunda etapa iniciada en 2026 está orientada hacia implementación, capacitación, directrices técnicas y herramientas prácticas para exportadores.
Chile cuenta con una ventaja adicional: su clasificación de bajo riesgo.
Pero esa condición simplifica el proceso; no elimina la necesidad de demostrar el origen de las mercancías.
El EUDR coincide con una nueva etapa comercial UE-Mercosur
Toda esta transformación ocurre mientras Europa y Sudamérica profundizan simultáneamente sus vínculos comerciales.
El Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur fue firmado en Asunción el 17 de enero de 2026 y comenzó a aplicarse provisionalmente entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 1 de mayo de 2026.
Esto genera una aparente paradoja.
Europa y Mercosur reducen barreras comerciales tradicionales al mismo tiempo que aumentan las exigencias ambientales y de trazabilidad.
Por eso, el acceso al mercado europeo dependerá cada vez menos exclusivamente de aranceles y cuotas.
Para los exportadores agrícolas, competir también significará demostrar dónde se produjo una mercancía, qué ocurrió en ese territorio y si cada eslabón de la cadena puede respaldar documentalmente esa información.
La certificación tradicional ya no alcanza por sí sola
Los sistemas voluntarios de sostenibilidad seguirán desempeñando un papel relevante, pero el EUDR introduce una diferencia fundamental.
No basta con financiar o respaldar producción responsable en términos generales.
Hay que poder relacionar la mercancía física con su origen.
La Round Table on Responsible Soy (RTRS), por ejemplo, realiza auditorías de campo y contempla múltiples criterios ambientales y sociales.
Sin embargo, los sistemas tradicionales basados únicamente en créditos de sostenibilidad no proporcionan por sí mismos la trazabilidad física exigida por el EUDR.
La evolución apunta hacia una combinación entre certificaciones y plataformas como VISEC o RETSA.
De commodity a producto cargado de datos
La transformación puede terminar siendo mucho más profunda de lo que parece.
Históricamente, soja, carne y madera se comercializaron fundamentalmente según cantidad, calidad, procedencia y precio.
Ahora aparece otro activo: los datos.
Una tonelada de soja acompañada por geolocalización verificada, imágenes satelitales, documentación legal y trazabilidad auditable ya no es comercialmente idéntica a otra tonelada sin esa información.
Esto podría generar progresivamente dos universos de productos: aquellos capaces de acceder a mercados altamente regulados y aquellos limitados a destinos con menores exigencias.
Para América Latina, la trazabilidad deja así de ser exclusivamente una cuestión ambiental.
Se convierte en un factor de competitividad, precio y acceso a mercados.
Argentina y Uruguay lideran una carrera que recién comienza
Los cuatro países demuestran que no existe un único modelo para cumplir con las exigencias europeas.
Argentina apostó por una plataforma impulsada originalmente por el sector privado y crecientemente respaldada por organismos públicos.
Uruguay recoge los beneficios de décadas de inversión estatal en registros y trazabilidad ganadera.
Chile avanza desde la posición favorable que le proporciona su clasificación de bajo riesgo.
Paraguay desarrolla herramientas potencialmente relevantes, pero enfrenta mayores dificultades políticas, institucionales y ambientales.
Los cuatro buscan además profundizar la cooperación técnica con la UE y con países como Países Bajos, cuyo papel como puerta de entrada de materias primas sudamericanas convierte la eficacia del nuevo sistema en un interés económico directo para Europa.
El fenómeno deja una conclusión que trasciende ampliamente al Cono Sur.
La regulación ambiental europea ya está modificando infraestructura agrícola y logística a miles de kilómetros de las fronteras de la Unión Europea.
Para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, adaptarse al EUDR ya no consiste simplemente en presentar mejores credenciales de sostenibilidad. Significa construir la infraestructura necesaria para seguir haciendo negocios con uno de los mercados de mayor valor del mundo.
