Seis países de la UE impulsan un impuesto europeo a las ganancias extraordinarias de las petroleras

Seis países de la Unión Europea (UE) están aumentando la presión para establecer un nuevo impuesto europeo sobre las ganancias extraordinarias de las compañías petroleras, al considerar que parte del sector energético está obteniendo beneficios desproporcionados por las alteraciones del mercado provocadas por la guerra en Oriente Medio mientras los consumidores vuelven a enfrentarse a una mayor presión sobre el costo de vida.

Los ministros de Finanzas de Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal, junto con el ministro de Economía de España, solicitaron conjuntamente a Irlanda —que ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE— que incorpore el asunto a la agenda de la próxima reunión de responsables de Finanzas europeos, prevista para el mes próximo en Dublín.

La iniciativa puede reabrir uno de los debates más controvertidos de la política energética europea: si los gobiernos deberían capturar una parte de los beneficios excepcionales generados por las crisis geopolíticas para compensar a hogares y empresas afectados por el encarecimiento de la energía.

Los seis países consideran que el aumento de la rentabilidad de la industria petrolera está superando incluso el incremento de los precios del crudo. La carta conjunta señala especialmente los elevados márgenes obtenidos en productos refinados y sitúa la actual alteración del mercado entre los mayores shocks de oferta energética de las últimas décadas.

La propuesta todavía no constituye una política acordada por la Unión Europea. El objetivo inicial es abrir una discusión sobre un marco común para gravar las ganancias extraordinarias, tomando como posible referencia la experiencia del impuesto temporal adoptado durante la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El debate vuelve a cobrar fuerza después de que el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán provocara graves alteraciones en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Las disrupciones han favorecido la rentabilidad de segmentos de la industria petrolera y, al mismo tiempo, reavivado los temores sobre los precios energéticos y la inflación.

Europa vuelve a debatir quién debe pagar por las crisis energéticas

La utilización de impuestos extraordinarios sobre el sector energético tiene un precedente reciente en la UE.

Europa recurrió a medidas temporales durante la crisis que siguió a la invasión rusa de Ucrania, cuando el fuerte incremento de los precios del petróleo, el gas y la electricidad disparó los beneficios de determinadas compañías al mismo tiempo que los gobiernos destinaban grandes cantidades de recursos públicos a proteger a consumidores y empresas.

Los seis países quieren ahora estudiar si aquella experiencia puede servir como punto de partida para una nueva respuesta coordinada.

Alemania se encuentra entre los principales impulsores. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha defendido que las compañías energéticas no deberían aprovechar la actual situación de crisis para aumentar la presión sobre los consumidores. La lógica de la propuesta consiste en que una parte de los beneficios extraordinarios originados fundamentalmente por un shock geopolítico contribuya a mitigar las consecuencias económicas provocadas por esa misma crisis.

Varios de los gobiernos firmantes ya habían defendido durante este año medidas sobre los beneficios de las petroleras. La carta conjunta lleva ahora el debate a escala comunitaria y plantea la posibilidad de desarrollar un marco aplicable al conjunto del bloque.

Para las empresas y los inversores, una iniciativa de estas características abriría interrogantes importantes: cómo se definirían las ganancias extraordinarias, qué compañías quedarían alcanzadas, cuál sería la base de cálculo y cuánto margen conservarían los Estados miembros para mantener o introducir impuestos nacionales.

Esos detalles todavía no existen.

Y cualquier avance probablemente enfrentará una negociación política compleja.

La Unión Europea no ha anunciado hasta el momento un nuevo impuesto a las petroleras y las diferencias aparecen incluso dentro de algunos de los países que quieren discutir la iniciativa. En Alemania, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata de Klingbeil respalda un gravamen sobre las ganancias extraordinarias, mientras que la Unión Demócrata Cristiana del canciller Friedrich Merz se opone.

La división alemana anticipa parte de la discusión económica que podría trasladarse a Bruselas.

Quienes defienden este tipo de impuestos consideran que las compañías no deberían conservar íntegramente beneficios excepcionales generados por guerras o shocks de oferta, especialmente cuando los consumidores y los gobiernos están absorbiendo simultáneamente el impacto de precios energéticos más elevados. Desde esa perspectiva, un gravamen temporal permitiría repartir parte del costo económico de la crisis.

Sus detractores advierten, en cambio, sobre el riesgo de reducir los incentivos para invertir, aumentar la incertidumbre regulatoria y dificultar la captación del capital necesario tanto para garantizar la seguridad energética como para financiar la transición hacia fuentes de menor emisión.

Europa debe gestionar esas tensiones al mismo tiempo que intenta contener el costo de la energía, reforzar la seguridad de suministro, recuperar competitividad industrial y movilizar grandes inversiones privadas para transformar su sistema energético.

Un nuevo impuesto sobre las ganancias petroleras tendría que encontrar un equilibrio entre todos esos objetivos.

La guerra vuelve a colocar la seguridad energética en el centro de Europa

La iniciativa muestra también la rapidez con la que una crisis geopolítica puede devolver la seguridad energética al centro de la agenda económica europea.

Después del shock provocado por la invasión rusa de Ucrania, la UE dedicó años a reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos y diversificar proveedores. Las actuales alteraciones en el estrecho de Ormuz exponen una vulnerabilidad diferente: incluso con un suministro más diversificado, los precios europeos continúan siendo sensibles a conflictos que afectan los flujos globales de petróleo y gas.

Para los seis gobiernos que impulsan la discusión, la combinación de mayores beneficios petroleros y presión sobre los consumidores justifica analizar una nueva intervención.

Conseguir un acuerdo entre los 27, sin embargo, será considerablemente más difícil que incluir el tema en la agenda.

Una propuesta concreta tendría que equilibrar el atractivo político de gravar los beneficios derivados de la crisis con las posibles consecuencias para las inversiones, las compañías energéticas y la competitividad europea. También obligaría a retomar una cuestión que ya generó debate durante la crisis anterior: hasta dónde deben llegar estas medidas extraordinarias y qué mecanismos garantizan que sean realmente temporales.

La próxima reunión de ministros de Finanzas en Dublín puede ofrecer la primera señal sobre si la propuesta cuenta con apoyo suficiente para avanzar más allá de los seis países que actualmente la promueven.

Por ahora, no existe un nuevo impuesto europeo sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras. Pero con la guerra alterando nuevamente los mercados energéticos, las ganancias del sector en aumento y el costo de vida bajo presión, Europa vuelve a enfrentarse a una pregunta conocida: quién debe asumir el costo económico de una crisis energética.