Lituania estudia una fuerte subida de impuestos al juego mientras aumenta la presión regulatoria sobre los operadores

Lituania podría imponer un nuevo y considerable aumento de la carga fiscal sobre la industria del juego, mientras el Parlamento vuelve a analizar una propuesta destinada a incrementar tanto los impuestos como el coste de las licencias en un mercado que atraviesa una profunda transformación regulatoria.

El proyecto actualmente en manos del Seimas, el Parlamento de Lituania, plantea elevar del 22% al 30% la tasa aplicada a máquinas tragamonedas, juegos de mesa, bingo, totalizadores, apuestas deportivas y juego remoto. En el caso de las loterías, el gravamen aumentaría del 18% al 25%, incrementando considerablemente el coste fiscal de operar en el país báltico.

La principal precisión es que estos cambios todavía no están aprobados. La iniciativa fue presentada por la diputada Ligita Girskienė en noviembre de 2025 como proyecto XVP-972 y superó posteriormente su primera instancia parlamentaria: 86 legisladores votaron a favor de continuar su tramitación, ninguno lo hizo en contra y cinco se abstuvieron. El texto pasó después al Comité de Presupuesto y Finanzas y el Parlamento solicitó formalmente la opinión del Gobierno.

Al 17 de agosto de 2026, los registros parlamentarios consultados por SiGMA todavía no mostraban la presentación formal de ese dictamen gubernamental. Por lo tanto, las nuevas tasas deben considerarse una propuesta legislativa en discusión y no una reforma fiscal ya decidida.

La diferencia es relevante para las empresas europeas e internacionales que operan o evalúan ingresar al mercado lituano. El sector ya viene absorbiendo cambios fiscales, nuevas restricciones y mayores exigencias en materia de juego responsable, mientras otras reformas previstas para los próximos años modificarán todavía más la relación entre operadores, consumidores y autoridades.

Impuestos más altos y licencias de hasta €2 millones

La propuesta no se limita a incrementar las tasas sobre la actividad. También contempla un fuerte aumento de los costes necesarios para obtener las diferentes licencias.

El pago único para licencias de juegos de mesa y máquinas de categoría A pasaría de €300.000 a €400.000, al igual que las correspondientes a máquinas de categoría B.

Las licencias de bingo, totalizadores y apuestas duplicarían su coste, desde €100.000 hasta €200.000, mientras una autorización para operar juegos de azar a distancia aumentaría de €500.000 a €600.000. El salto más importante correspondería a las empresas interesadas en obtener el paquete completo de licencias disponibles: el coste se duplicaría desde €1 millón hasta €2 millones.

En conjunto, la reforma aumentaría tanto la carga fiscal recurrente como el capital necesario para ingresar o ampliar operaciones en Lituania. El impacto podría ser especialmente significativo para compañías pequeñas y medianas, mientras los grandes grupos internacionales disponen, en principio, de una mayor capacidad financiera para absorber los nuevos costes regulatorios.

La discusión se produce además poco después de otra subida fiscal. Desde el 1 de enero de 2025, el impuesto aplicable al juego ya había aumentado del 20% al 22%. Ese antecedente llevó al Ministerio de Finanzas a recomendar anteriormente que no se avanzara de inmediato con otra subida contemplada en un proyecto legislativo diferente.

La posición ministerial se apoyaba en la necesidad de evaluar primero el efecto de las medidas ya implementadas. Las empresas acababan de enfrentar un incremento impositivo y, simultáneamente, debían adaptarse a nuevas reglas de juego responsable y mayores controles.

Ese criterio previo del Ejecutivo no implica que la actual propuesta vaya a ser rechazada. La decisión final corresponde al Seimas y el procedimiento legislativo continúa abierto. Sin embargo, pone de manifiesto una discusión económica relevante: hasta qué punto puede aumentarse la contribución fiscal de los operadores sin perjudicar la competitividad del mercado legal.

El debate adquiere mayor dimensión porque los impuestos son solamente una parte de la transformación que prepara Lituania.

A partir de 2029, el país prevé implantar un sistema centralizado de seguimiento de jugadores vinculado a la identidad de cada usuario. El mecanismo permitirá relacionar depósitos, ganancias y pérdidas entre los diferentes operadores autorizados, mientras también está prevista la eliminación del efectivo como medio de pago para las actividades alcanzadas por la reforma. SiGMA lo presenta como el primer sistema de monitorización de jugadores completamente centralizado de estas características dentro de la Unión Europea.

La transformación se realizará de manera gradual. Las facultades ampliadas de supervisión comenzarán a aplicarse desde mayo de 2027, mientras el nuevo sistema de identificación está previsto para enero de 2029. Otra legislación sobre juego aprobada por el Parlamento en noviembre de 2025 también contiene disposiciones cuya entrada en vigor se distribuye entre 2027 y 2029.

Para las compañías, la tendencia resulta así mucho más amplia que una simple discusión tributaria. Lituania avanza hacia un mercado con mayor supervisión, más trazabilidad de la actividad de los jugadores y potencialmente mayores costes de operación y cumplimiento normativo.

Desde una perspectiva europea, el caso lituano refleja además uno de los grandes desafíos de los grupos de juego que operan en varios países de la UE. La fiscalidad, las licencias y buena parte de la regulación continúan siendo competencias nacionales, lo que obliga a las empresas a desenvolverse entre marcos muy diferentes dentro del propio mercado europeo.

Aunque Lituania representa un mercado relativamente pequeño por población, algunas de las herramientas digitales que está preparando podrían convertirse en referencia para otros países que buscan reforzar la protección del consumidor y disponer de una visión más completa de la actividad de los jugadores.

La incógnita económica será determinar si una nueva subida impositiva permite incrementar los ingresos públicos sin debilitar al mercado regulado frente a las plataformas sin licencia. Ese equilibrio se ha convertido en uno de los principales debates de la industria europea: una mayor fiscalidad puede aumentar la recaudación procedente de los operadores legales, pero una carga excesiva también puede reducir su competitividad frente a alternativas offshore.

Por ahora, ese escenario sigue siendo objeto de discusión parlamentaria.

El Seimas ya demostró suficiente respaldo político para mantener viva la iniciativa, pero la ausencia de aprobación definitiva significa que los operadores todavía no están sujetos a una tasa del 30%. Lo que sí enfrentan es una tendencia cada vez más clara hacia un marco lituano más exigente.

Si finalmente la propuesta se convierte en ley, la combinación de un impuesto del 30% para buena parte del sector, una tasa del 25% para las loterías y licencias que podrían alcanzar los €2 millones representaría otro cambio sustancial para las compañías europeas e internacionales que compiten en el mercado báltico.