El RIGI: atraer inversores es una carrera; ganar la confianza, una maratón

Argentina frente a la competencia regional: incentivos, seguridad jurídica, integridad empresarial y compliance estratégico como factores de competitividad.

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El RIGI: atraer inversores es una carrera; ganar la confianza, una maratón

En un escenario de competencia global por la atracción de capitales extranjeros, Argentina puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Creado por la Ley 27.742, busca impulsar el desarrollo económico del país y captar inversiones nacionales y extranjeras.

Para lograrlo, el régimen establece beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años para proyectos de gran escala, con un umbral general de inversión de USD 200 millones, en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y actividades relacionadas con el petróleo y el gas. Su plazo de adhesión se encuentra actualmente vigente y se extiende hasta el 8 de julio de 2027.

Sin embargo, Argentina no compite en soledad. Sus países vecinos también desarrollan instrumentos para captar capitales y mejorar su competitividad.

Tres vecinos, tres estrategias

  • Chile, históricamente reconocido por su marco institucional para la inversión extranjera, publicó en octubre de 2026 la Ley 21.850, que crea un régimen de invariabilidad tributaria para proyectos desde USD 50 millones —un umbral cuatro veces menor que el del RIGI—, con plazos de 10, 15 o 20 años según el monto, vigente desde enero de 2027.

  • Uruguay, por su parte, actualizó su régimen de promoción de inversiones (Ley 16.906) mediante el Decreto 329/025, vigente desde febrero de 2026. Los proyectos aprobados por la COMAP pueden acceder a beneficios en el impuesto a la renta empresarial (IRAE) equivalentes a hasta el 100% de la inversión elegible, sujetos a las condiciones y límites del régimen.

Paraguay combina incentivos a través de su ley de inversiones (renovada por la Ley 7548/2025) y su régimen de maquila, actualizado mediante la Ley 7547/2025. La maquila permite producir bienes o prestar servicios en Paraguay para su exportación, bajo un esquema tributario específico.

En síntesis, Argentina apunta a inversiones de gran escala; Chile incorpora invariabilidad con un umbral de acceso menor; Uruguay promueve inversiones mediante beneficios asociados a objetivos económicos; y Paraguay combina incentivos a la inversión con ventajas para la producción exportadora. Son modelos distintos, con diferentes requisitos y alcances, pero transmiten un mismo mensaje: la región disputa los mismos capitales. Pero ¿alcanza con ofrecer beneficios para convertirse en un destino confiable?

Paraguay: la confianza puesta a prueba

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de ueno bank por insuficiencia de solvencia. El episodio trascendió lo financiero: dos días después, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por sus anteriores vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, vinculado a la entidad. La dimisión no fue aceptada y el proceso de juicio político continuó hasta que, el 6 de noviembre, el Senado dispuso su destitución. El caso profundizó los interrogantes sobre la supervisión financiera, los posibles conflictos de interés y la capacidad de respuesta de los organismos de control.

Aunque sería un error extrapolar la crisis político-financiera paraguaya a toda la región, el episodio constituye un antecedente negativo que trasciende sus fronteras y advierte sobre el riesgo de caer en un espejismo fiscal. Ocurre a poco más de un año de la renovación de sus leyes de inversión y deja una lección clara: las exenciones de impuestos son un motor poderoso para atraer capitales, pero necesitan un respaldo institucional a la misma altura. Si los controles fallan, el mensaje para los inversores se distorsiona: el beneficio tributario abre la puerta, pero es la solidez de las instituciones que vigilan las reglas la que sostiene la confianza.

Del Estado a la empresa: el compliance como infraestructura de confianza

Esa misma lupa con la que los mercados hoy examinan la solidez de los países es la que, acto seguido, se posa sobre el sector privado. Cuando un fondo internacional o una multinacional decide desembarcar en la región aprovechando el RIGI, los incentivos chilenos, las zonas francas uruguayas o la maquila paraguaya, importa consigo sus propios estándares de exigencia.

En este ecosistema hipervigilado, el compliance deja de ser una respuesta meramente normativa para convertirse en una herramienta de gestión estratégica y en una verdadera infraestructura de confianza. Así como a un Estado ya no le alcanza con sancionar una ley de inversiones si fallan sus organismos de control, a una empresa —sea una gran corporación o una PyME que busca integrar su cadena de valor— ya no le alcanza con tener códigos de ética archivados ni declaraciones de principios: la integridad se construye con procedimientos, decisiones y controles verificables.

Más allá de los incentivos

Argentina tiene recursos naturales, potencial energético y capacidad productiva para posicionarse, y el RIGI ofrece 30 años de estabilidad. Pero la competencia regional no se define solo por la carga tributaria o los beneficios concedidos; también se juega en la calidad institucional, la transparencia y la capacidad de demostrar que existen mecanismos eficaces para prevenir y gestionar riesgos.

La pregunta ya no es solo cuánto capital se puede atraer, sino qué condiciones se ofrecen para que encuentre un entorno confiable, genere valor y permanezca en el tiempo.

Atraer inversiones es una decisión económica. Construir confianza es una responsabilidad institucional y empresarial. Y en los mercados internacionales, esa credibilidad nunca se gana en un sprint: es una maratón que exige entrenamiento y constancia.

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