SLB descarta licitaciones petroleras en Malvinas ante el endurecimiento de las sanciones argentinas

SLB, una de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo, descartó participar en licitaciones relacionadas con proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una de las primeras respuestas públicas de un proveedor internacional al nuevo régimen de aplicación establecido por Argentina.

La empresa, anteriormente denominada Schlumberger, señaló que actualmente no interviene en procesos para prestar servicios petroleros en las islas o sus espacios marítimos circundantes y que tampoco tiene previsto hacerlo.

SLB vinculó su posición directamente con el Decreto 868/2026, aprobado por el Gobierno argentino para acelerar la aplicación de la legislación vigente contra las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas que no cuentan con autorización de Buenos Aires.

El comunicado no implica que SLB se haya retirado de un contrato adjudicado ni que haya cancelado trabajos existentes en el proyecto petrolero Sea Lion, situado en el centro de la disputa. Se trata de una definición preventiva de cumplimiento destinada a despejar dudas sobre la posición de la compañía.

La diferencia es relevante. La decisión de SLB no detiene el desarrollo de Sea Lion, pero muestra cómo Argentina intenta influir sobre su cadena de suministro, obligando a los contratistas internacionales a evaluar el costo de trabajar cerca de las islas frente a sus intereses en el mercado energético argentino.

Vaca Muerta amplía la capacidad de presión

SLB opera en más de 100 países y presta servicios de perforación, evaluación de reservorios, terminación de pozos, producción, ingeniería submarina y tecnología digital para la industria energética.

En Argentina mantiene una presencia vinculada, entre otras actividades, al desarrollo de Vaca Muerta, donde las compañías internacionales de servicios participan en la expansión de la producción no convencional.

En marzo de 2026, SLB y la petrolera estatal YPF anunciaron la incorporación de la compañía al Instituto Vaca Muerta, una iniciativa destinada a formar personal técnico para operaciones de shale a gran escala. El acuerdo se presentó después de una visita del consejero delegado de SLB, Olivier Le Peuch, y del presidente de YPF, Horacio Marín, a Loma Campana.

Esa posición comercial explica la importancia de la declaración. Para los proveedores con operaciones relevantes en Argentina, participar en proyectos alrededor de las islas puede generar consecuencias que excedan el valor de un contrato offshore específico.

El Decreto 868 incorpora el cumplimiento de la Ley 26.659 al procedimiento para obtener permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones hidrocarburíferas en Argentina. Los interesados deben presentar una declaración jurada que certifique que tanto ellos como las personas o entidades con participación directa o indirecta no intervienen ni intervendrán en las actividades prohibidas por la norma.

La misma exigencia alcanza a las compañías que soliciten ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, que concede beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de largo plazo a los proyectos aprobados.

La capacidad efectiva de presión de Argentina reside, por lo tanto, en restringir el acceso a sus propios recursos, contratos e incentivos. Este factor adquiere importancia mientras Vaca Muerta atrae inversiones en producción, oleoductos, terminales exportadoras e infraestructura de gas natural licuado.

Procedimientos administrativos más rápidos

El decreto designa al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, vinculando más estrechamente el mecanismo sancionatorio con la política diplomática del país sobre las islas.

Los organismos públicos deberán informar posibles infracciones dentro de los cinco días hábiles posteriores a su detección. Una vez notificado, el presunto infractor contará con diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas. La autoridad deberá emitir una resolución dentro de otros diez días hábiles, salvo que la producción de pruebas extienda el procedimiento.

La legislación vigente permite inhabilitar por un período de entre cinco y 20 años a las empresas que incumplan las restricciones. También contempla la reversión al Estado nacional o a las provincias de las concesiones hidrocarburíferas que posean en Argentina.

El alcance no se limita a los operadores de los yacimientos. La norma prohíbe a las empresas que desarrollan actividades o están autorizadas para operar en Argentina —y a sus accionistas— intervenir directa o indirectamente en proyectos no autorizados, así como prestarles servicios financieros, logísticos, técnicos, comerciales, de consultoría o asesoramiento.

De este modo, contratistas petroleros, fabricantes de equipos, instituciones financieras, aseguradoras y operadores logísticos quedan potencialmente expuestos al régimen.

La respuesta de SLB indica que los proveedores internacionales con negocios en Argentina están evaluando ese riesgo antes de aceptar trabajos relacionados con el área en disputa.

Sea Lion mantiene su calendario

El foco inmediato se encuentra en Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago. El proyecto está operado por Navitas Petroleum, mientras que la compañía británica Rockhopper Exploration, que cotiza en Londres, posee una participación del 35%.

Los socios aprobaron la primera fase de desarrollo en diciembre de 2025. El costo total estimado alcanza aproximadamente €1.800 millones, incluidos los gastos financieros y las contingencias.

El plan contempla recuperar alrededor de 170 millones de barriles durante la primera etapa y alcanzar una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios. El inicio de la extracción está previsto para 2028.

Navitas y Rockhopper sostienen que sus licencias petroleras son válidas y señalaron que las últimas medidas argentinas no deberían afectar de manera sustancial el calendario del proyecto.

Argentina rechaza esas licencias porque no fueron emitidas por sus autoridades. Las islas son administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina, en el marco de una disputa de soberanía que continúa abierta entre ambos países.

El conflicto genera dos marcos jurídicos paralelos. Una empresa puede considerar válida su actividad bajo las autorizaciones concedidas por las autoridades isleñas y, al mismo tiempo, quedar expuesta a consecuencias administrativas y comerciales en Argentina.

Una señal para la cadena de proveedores

La importancia de la decisión de SLB reside menos en su efecto inmediato sobre Sea Lion que en el precedente que puede establecer entre los proveedores internacionales.

El desarrollo de un campo offshore requiere contratistas de perforación, empresas de ingeniería submarina, fabricantes de equipos, proveedores de software, aseguradoras, bancos y operadores logísticos. Muchas de esas compañías también poseen intereses en Argentina o pretenden intervenir en futuros proyectos de Vaca Muerta.

El nuevo régimen obliga a revisar estructuras de propiedad, filiales, asociaciones y relaciones comerciales antes de aceptar contratos vinculados con las islas.

También puede impulsar a otros proveedores a realizar declaraciones similares a la de SLB, especialmente si la falta de una definición pública genera dudas sobre su capacidad para obtener permisos argentinos o acceder a los beneficios del RIGI.

Para Buenos Aires, la reacción empresarial constituye una primera señal de que el acceso al mercado argentino puede funcionar como elemento disuasorio, aunque el país no controle directamente las operaciones en las aguas disputadas.

Para los responsables de Sea Lion, el desafío será contratar los equipos, la tecnología y el financiamiento necesarios para cumplir el calendario sin depender de empresas que no estén dispuestas a poner en riesgo sus actividades en Argentina.

La decisión de SLB no definirá por sí sola el futuro de Sea Lion, pero demuestra que la estrategia regulatoria argentina ya comenzó a influir sobre las decisiones comerciales de la cadena energética internacional.