España exige que los centros de datos utilicen un 80% de energía renovable, transformando el sector

La nueva regulación exige que los centros de datos obtengan al menos un 80% de su electricidad de fuentes renovables, buscando contener los costes energéticos y fomentar la sostenibilidad.

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España exige que los centros de datos utilicen un 80% de energía renovable, transformando el sector

España ha aprobado un real decreto que obliga a los centros de datos a obtener al menos el 80% de su consumo anual de electricidad de fuentes renovables, ya sea mediante generación propia o contratos de compraventa de energía (PPA) a largo plazo con nuevos proyectos renovables. La medida, anunciada por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2026, busca responder al fuerte aumento de la demanda eléctrica impulsada por la infraestructura de centros de datos y la inteligencia artificial.

La nueva regulación solo afecta a los centros de datos con una capacidad de acceso a red de al menos 10 MW, elevando el umbral anterior de 1 MW. Los operadores deberán acreditar anualmente el origen renovable de su suministro eléctrico y cumplir nuevos estándares de eficiencia en el uso de agua, con un objetivo de 0,1 litros por kWh.

El Gobierno calcula que, sin esta norma, la expansión de los centros de datos podría incrementar los costes eléctricos en €5.000 millones anuales y encarecer la factura industrial en un 25%. Se espera que la regulación limite estas presiones, al tiempo que fomenta la inversión en renovables, ya que los centros deberán contratar energía con nuevos proyectos verdes o ampliar su capacidad propia.

Para acompañar este crecimiento, España ha aprobado un plan de desarrollo de la red de transporte de €17.140 millones hasta 2030, con el objetivo de dar cabida a 47,4 GW de nueva demanda eléctrica. Los proyectos de centros de datos con permisos de acceso a la red suman actualmente 15 GW, lo que supone hasta el 40% de la demanda eléctrica máxima del país.

Según Sara Aagesen, tercera vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, la normativa sitúa a España como referente en infraestructuras digitales sostenibles. No obstante, el rápido crecimiento de la demanda genera inquietudes por el posible congestionamiento de la red y las dificultades de cumplimiento para los operadores.

Los operadores de centros de datos deberán afrontar importantes cambios operativos, con un impacto directo en sus costes y estrategias de inversión. El nuevo marco podría atraer a empresas tecnológicas que buscan operaciones sostenibles y reforzar el sector renovable español.

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