Industrias europeas alertan que las medidas químicas de la UE podrían elevar los precios y restar competitividad

Una coalición de fabricantes, minoristas, mayoristas y usuarios de productos químicos instó a Bruselas a evitar que las políticas destinadas a impulsar una producción más sostenible terminen debilitando a las empresas que compran, transforman y comercializan esos materiales.

En una declaración conjunta las organizaciones respaldaron el objetivo de reforzar la resiliencia y la descarbonización de la industria química de la Unión Europea. Sin embargo, reclamaron evaluar las consecuencias sobre toda la cadena de valor antes de imponer obligaciones destinadas a crear demanda para productos con una menor huella de carbono.

El pronunciamiento se produce mientras la Alianza de Productos Químicos Críticos analiza cómo proteger la producción estratégica, modernizar las plantas industriales y desarrollar mercados para sustancias químicas más limpias. La Comisión Europea creó esta iniciativa ante el cierre potencial de instalaciones, los elevados costos energéticos, la sobrecapacidad global y la creciente competencia de productores externos.

Entre los firmantes figuran APPLiA, que representa al sector europeo de electrodomésticos; el Consejo Europeo de la Industria de Pinturas, Tintas de Impresión y Colores Artísticos; Cosmetics Europe; Detergents Europe; el grupo de coordinación de usuarios intermedios de productos químicos DUCC; y EuroCommerce, representante de los sectores minorista y mayorista.

Preocupación por las obligaciones sobre la demanda

La controversia gira en torno a diferentes instrumentos de estímulo de mercado examinados por el grupo de trabajo de la alianza dedicado a los mercados líderes.

Entre las medidas consideradas aparecen requisitos de contenido mínimo, gravámenes, certificados negociables, sistemas de responsabilidad ampliada del productor vinculados con las emisiones y obligaciones para informar la huella de carbono de los productos.

Estos mecanismos buscan generar demanda para sustancias químicas bajas en carbono y materias primas sostenibles, ofreciendo a los productores mayor certidumbre para invertir en capacidad industrial europea. No obstante, los sectores intermedios y finales sostienen que un diseño inadecuado podría trasladar costos y responsabilidades administrativas a compañías con escaso control sobre la producción original.

“Una industria no puede construir un modelo de negocio sostenible haciendo menos competitivos a sus clientes”, señaló la coalición.

Las empresas que formulan, fabrican, distribuyen o venden productos con componentes químicos suelen gestionar amplios catálogos y cadenas internacionales con varios niveles de proveedores. Muchas de ellas no tienen acceso directo a la información ambiental generada en las primeras etapas ni capacidad para verificarla de manera independiente.

Los firmantes consideran que responsabilizarlas por datos o decisiones productivas que no controlan provocaría un desequilibrio entre sus obligaciones y su capacidad real de intervención.

También remarcaron que los materiales sostenibles suelen incorporar una prima verde frente a las alternativas convencionales. A esa diferencia se sumarían los gastos necesarios para recopilar datos, adaptar sistemas informáticos, certificar productos, realizar auditorías y verificar el cumplimiento.

Según la declaración, esos costos reducirían los márgenes y la capacidad de inversión de las empresas europeas o se trasladarían a los precios finales. El impacto podría ser especialmente significativo para las pymes y los hogares con menores ingresos.

Reclamo por una evaluación integral

Las organizaciones afirman que todavía no existe una evaluación suficientemente sólida de los posibles efectos económicos y administrativos sobre toda la cadena de valor.

Por ese motivo, solicitaron analizar con mayor profundidad la asequibilidad para los consumidores, la disponibilidad de materias primas sostenibles, la viabilidad técnica, el rendimiento y la seguridad de los productos, los sistemas de trazabilidad y la capacidad para controlar las importaciones.

El tratamiento de los bienes procedentes de terceros países constituye una preocupación central. Las empresas temen quedar en desventaja si los productos fabricados dentro de la UE deben cumplir mayores exigencias, mientras las importaciones no reciben un tratamiento equivalente o los controles fronterizos resultan insuficientes.

La coalición también advirtió que nuevas normas horizontales podrían superponerse con la legislación europea vigente o en preparación, multiplicando las obligaciones y generando requisitos contradictorios.

Los firmantes pidieron que la responsabilidad por la información ambiental recaiga en los actores que generan y controlan los datos y las decisiones productivas correspondientes.

Incentivos antes que obligaciones

En lugar de imponer inmediatamente una demanda obligatoria de productos químicos bajos en carbono, la coalición propone priorizar políticas que reduzcan el costo y el riesgo de las inversiones industriales.

Entre las alternativas mencionadas aparecen el apoyo directo a proyectos, la financiación de investigación e innovación, la contratación pública selectiva, una mayor disponibilidad de materias primas sostenibles, los acuerdos voluntarios entre empresas y los contratos por diferencia. Estos últimos podrían utilizarse para cubrir parte de la brecha de costos entre la producción convencional y las tecnologías más limpias.

La posición no rechaza la descarbonización de la industria química europea. El planteo expone, en cambio, una disputa creciente sobre cómo deben distribuirse los costos de la transición entre productores, clientes industriales, comerciantes y consumidores.

La industria química ocupa una posición inicial en numerosas cadenas productivas europeas y provee materiales utilizados en electrodomésticos, pinturas, cosméticos, detergentes, envases y una amplia variedad de manufacturas. Por esa razón, cualquier incremento de sus costos puede propagarse rápidamente hacia otros sectores de la economía.

La coalición sostiene que Europa no podrá consolidar un mercado viable para sus productos químicos sostenibles si las empresas que deben comprarlos quedan sobrecargadas, pierden competitividad o no pueden trasladar el costo adicional.

El mensaje dirigido a Bruselas es que la protección de la producción química estratégica y la competitividad de sus clientes deben formar parte de una misma política industrial. Sin ese equilibrio, las medidas destinadas a reforzar la resiliencia europea podrían terminar debilitando la demanda, la inversión y el respaldo social a la transición.