Agricultores españoles exigen ayuda urgente ante alza de costes por guerra en Irán
Organizaciones agrarias alertan de fuertes pérdidas de cosechas y subidas de precios tras el aumento de costes por la guerra en Irán, e instan al gobierno a actuar de inmediato.
Las organizaciones agrarias españolas, entre ellas Asaja, COAG y UPA, reclaman al gobierno ayudas financieras urgentes ante el aumento del 50% en el precio del gasóleo agrícola desde el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero.
Los colectivos advierten que, sin una respuesta inmediata, hasta un 40% de los cultivos podrían quedarse sin sembrar por la imposibilidad de asumir los costes, lo que dispararía los precios al consumidor y pondría en riesgo la soberanía alimentaria de España. Solo la mitad de los agricultores afectados ha recibido las ayudas prometidas para compensar el encarecimiento de los fertilizantes, según fuentes del sector.
El alza de los carburantes se atribuye directamente a la inestabilidad de los mercados petroleros globales tras el conflicto en Irán. Según Asaja, COAG y UPA, el impacto no se limita al campo: la flota pesquera ha sufrido un incremento del 85% en los costes de combustible, tensionando aún más la cadena alimentaria.
Los líderes agrarios sostienen que el 70% del encarecimiento del gasóleo responde al margen permitido por la Unión Europea, lo que pone de relieve la necesidad de actuar tanto a nivel nacional como comunitario. Unión de Uniones y Cooperativas Agroalimentarias se suman a la petición de revisar los mecanismos de control de precios de la UE y de reforzar el apoyo para que los productores puedan absorber los impactos externos.
Con el 30 de septiembre como fecha límite para las ayudas actuales, la presión sobre el gobierno se intensifica. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Hacienda, afrontan crecientes demandas para concretar medidas en las próximas semanas.
La crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector agrario español ante la volatilidad geopolítica y las fluctuaciones globales. Desde el sector advierten que, sin una intervención específica, peligra la viabilidad de muchas explotaciones, con repercusiones para la seguridad alimentaria y la inflación en toda la Unión Europea.
El Ejecutivo debe decidir si estabiliza el sector o asume el riesgo de protestas y daños estructurales a largo plazo. La situación reabre el debate sobre la suficiencia de la política agraria europea y la necesidad de reformas para proteger a los productores frente a crisis externas.
